Obtiene FGEO sentencia de 22 años contra responsable del delito de trata de personas
Comunicado 11/12/24
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de una mujer identificada como Patricia L.B., por su responsabilidad en la comisión del delito de Trata de Personas Agravado en agravio de una adolescente, hechos ocurridos en la región de la Costa.
Conforme a lo establecido en el expediente penal del caso, los hechos ocurrieron el 18 de enero de 2021, cuando la víctima (una adolescente, cuya identidad está reservada por ley) bajo coacción, fue llevada por Patricia L.B. (familiar) a un domicilio ubicado en la colonia «El Corozal» perteneciente a la localidad de Río Grande, en el municipio de Villa de Tututepec, para entregarla con una persona del sexo masculino, con quien fue agredida de manera sexual.
La investigación revela que la hoy sentenciada cometió ese delito en más de una ocasión, pues a mediados del mes de abril del mismo 2021, se comprobó que la víctima sufrió una situación similar.
Al tener conocimiento de estos hechos, gracias a la denuncia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó las investigaciones correspondientes por medio de la Unidad Operativa de Investigación de Delitos Cometidos contra la Mujer Por Razón de Género de la Vicefiscalía Regional de la Costa, logrando obtener una orden de aprehensión y posteriormente, la detención de Patricia L.B., para ponerla a disposición del juzgado que la requirió para su proceso legal.
Una vez que la FGEO aportó los datos de prueba, en el juicio de audiencia el Juez que atiende la causa dictó sentencia condenatoria de 22 años de prisión en contra de Patricia L.B., además de imponer una multa económica y el pago por reparación del daño en abstracto, luego de demostrar su responsabilidad en la comisión del delito de Trata de Personas Agravado.
La Fiscalía de Oaxaca aplica métodos científicos de investigación que permitan fortalecer los procesos de procuración de justicia, especialmente en delitos de alto impacto como lo es la trata de personas, esto con el objetivo de garantizar a las víctimas un adecuado acceso a la justicia y reparación del daño.
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